Uno de los personajes más notables de la segunda mitad del siglo XIX fue Benito Juárez García. Abogado y político de origen zapoteca, nació el 21 de marzo de 1806 en Oaxaca. Ocupó diversos cargos en su estado natal: regidor, diputado local, juez civil y secretario de gobierno.

Las profundas diferencias con el entonces presidente Antonio López de Santa Anna lo llevaron al exilio en 1853, permaneciendo en Nuevo Orleans hasta 1855; se unió entonces a la revolución de Ayutla –para derrocar a Santa Anna-, tras cuyo triunfo fue nombrado secretario de Justicia.

En 1857 fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, labor que desempeñó hasta diciembre de ese año, cuando se hizo cargo de la presidencia del país. A partir de entonces y hasta su muerte en 1872 encabezaría el gobierno durante las etapas históricas de la guerra de Reforma, la Intervención francesa, el segundo imperio y la restauración de la República.

Su labor política, educativa y social fue edificar un proyecto de nación; instituyó el Estado laico, promulgó la libertad de expresión y de cultos religiosos, quitó fuero al ejército y a la Iglesia y defendió la libertad y soberanía del país.

A su muerte, Juárez se convirtió en símbolo y su imagen empezó a formar parte de la iconografía nacional. Por ejemplo, quince años después de su deceso, el presidente Porfirio Díaz organizó una serie de actos para recordar al ilustre oaxaqueño: develó una placa conmemorativa en la habitación donde Juárez falleció, en 1890 encargó a Miguel Noreña la realización de una estatua de bronce y consagró a la memoria de Juárez el hemiciclo que lleva su nombre, mismo que fue inaugurado en 1910 durante las fiestas del centenario de la Independencia.

El pintor Roberto Montenegro (1881-1968) realizó este retrato de Juárez en 1962. Forma parte del acervo del Museo de Historia Mexicana desde 2004 y enmarca esta sala titulada “De lo prohibido a lo permitido” yendo acorde a las Leyes de Reforma que Juárez sostiene en su retrato: el derecho y las leyes como instrumentos normativos que rigen las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno.