A principios del siglo XIX, el virreinato de la Nueva España se componía de diversas jurisdicciones políticas: reinos, alcaldías mayores, provincias y capitanías generales. Todas se subordinaban al poder del virrey, en Ciudad de México.

Nuevo León era una entidad adscrita al virreinato y se llamaba Nuevo Reino de León. Sus límites geográficos colindaban con la provincia de Nuevo Santander (actuales Tamaulipas y sur de Texas), la provincia de Coahuila y la provincia de Nueva Galicia (actual Zacatecas). Su capital fue establecida en la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey.

La región se fue conformando mediante el establecimiento y desarrollo de las haciendas, núcleos de población dedicados a diversas labores que sustentaron la vida económica y jurisdiccional del territorio. En las haciendas habitaron familias de españoles, mestizos, mulatos, africanos, pero, sobre todo, población indígena sometida al trabajo forzoso a través del sistema de encomienda.

Las actividades económicas se concentraban en los reales de minas, las haciendas de labor, criaderos de ganado y ovejas, curtidurías y primigenias fábricas de telas, jabón y velas. También hubo un segmento dedicado al tráfico de población originaria. Hacia 1810 el Nuevo Reino de León contaba con una población cercana a los 44 mil habitantes, siete mil de ellos concentrados en la ciudad de Monterrey.

Al iniciar el siglo XIX, una serie de eventos desencadenó la lucha por la Independencia de México, influenciada por las nuevas ideas liberales surgidas de la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos.

La crisis en la monarquía española se desató en 1808 con la invasión de las tropas de Napoleón a la península ibérica y la captura de la familia real. Ante la ausencia del rey Fernando VII, la población formó juntas de gobierno que asumieron el ejercicio de la soberanía y organizaron la resistencia ante el invasor.

Resultado de ello fue la Constitución de Cádiz aprobada el 19 de marzo de 1812. En ella se enlazaron leyes tradicionales de la monarquía española con los principios del liberalismo democrático como la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad ante la ley y la creación de una monarquía constitucional. También reconocía derechos individuales y establecía un sistema de representación política.

Los ideales de la Constitución influyeron en las discusiones y aspiraciones de los insurgentes mexicanos que habían tomado las armas en 1810. El documento abogaba por principios de libertad y autonomía, lo cual resonó con aquellos que buscaban la independencia del territorio respecto a España.

Al iniciar el siglo XIX, una serie de eventos desencadenó la lucha por la Independencia de México, influenciada por las nuevas ideas liberales surgidas de la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos.

La crisis en la monarquía española se desató en 1808 con la invasión de las tropas de Napoleón a la península ibérica y la captura de la familia real. Ante la ausencia del rey Fernando VII, la población formó juntas de gobierno que asumieron el ejercicio de la soberanía y organizaron la resistencia ante el invasor.

Resultado de ello fue la Constitución de Cádiz aprobada el 19 de marzo de 1812. En ella se enlazaron leyes tradicionales de la monarquía española con los principios del liberalismo democrático como la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad ante la ley y la creación de una monarquía constitucional. También reconocía derechos individuales y establecía un sistema de representación política.

Los ideales de la Constitución influyeron en las discusiones y aspiraciones de los insurgentes mexicanos que habían tomado las armas en 1810. El documento abogaba por principios de libertad y autonomía, lo cual resonó con aquellos que buscaban la independencia del territorio respecto a España.

La guerra de Independencia finalizó en 1821 con la firma del Plan de Iguala que propuso un gobierno monárquico moderado, con Agustín de Iturbide como emperador, nombrado por primer congreso constituyente en mayo de 1822.

El 28 de septiembre se promulgó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano en el que la nación mexicana se declaraba soberana e independiente de España.

La mayoría de las propuestas liberales de los insurgentes fueron ignoradas y se mantuvo vigente la Constitución de Cádiz, lo que devino en contra del nuevo gobierno y la abdicación de Iturbide en 1823.

El fin del imperio dio paso a la organización de un gobierno republicano a través de un segundo congreso constituyente. Éste promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de 1824, la cual estableció una forma de estado federal, concediendo autonomía a las provincias, ahora llamadas estados. Éstos tenían la facultad de tener sus constituciones locales, las cuales tendrían que seguir las normas de la federal para organizarse y gobernarse.

Las ideas nacionalistas de Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra (1765-1827) influenciaron la lucha de Independencia, conspirando a favor de ésta, por lo que varias veces fue hecho prisionero. Ejerció una influencia destacada en la definición de la forma de gobierno que adoptaría la nación mexicana. Siendo diputado por Nuevo León ante el Congreso Constituyente de 1824, sostuvo la idea de adoptar un sistema federal.

La consumación de la independencia trajo consigo la reconfiguración territorial y política de la nación. El 31 de enero de 1824, mediante el Acta Constitutiva de la Federación, el Nuevo Reino de León fue incluido dentro del estado interno de Oriente, junto con las provincias de Coahuila y Texas.

Sin embargo, cuatro meses después, el 7 de mayo de 1824, se emitió un decreto que declaraba: “Nuevo León será en lo sucesivo un Estado de la Federación Mexicana…” y se ordenaba que se eligiera a los diputados que formarían el congreso local con el objetivo principal de dictar una constitución política para el naciente estado.

En agosto de ese mismo año, 11 diputados y 4 suplentes integraron el Primer Congreso Constituyente y Constitucional de Nuevo León. El 5 de marzo de 1825 se promulgó la Primera Constitución Política del Estado, compuesta de 274 artículos y veintiún títulos. En este documento, se establecía la extensión del territorio estatal, proclamándolo como estado libre, soberano e independiente.

Durante los primeros años de la ocupación estadounidense en Nuevo León, el Congreso estatal fue disuelto, la elección de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se pospuso y el gobernador quedó subordinado al mando militar estadounidense. En este período, la administración pública se descentralizó hacia los municipios, liderada por el Ayuntamiento de Monterrey en la restauración del gobierno estatal.

Hacia 1848 se estableció una nueva legislatura en Linares, capital provisional de Nuevo León, promulgando decretos sobre la gestión financiera y convocando elecciones que llevaron a José María Parás a la gubernatura.

La reinstalación del congreso y del gobernador en la capital neoleonesa no ocurrió hasta el 4 de mayo de 1848. Luego, el 24 de octubre de 1849, se ratificó la segunda Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, restableciendo su independencia y libertad para gobernarse y administrarse, aunque permaneciendo como parte de la República Mexicana.

La crisis que siguió a la guerra con los Estados Unidos alentó la organización de grupos conservadores y la imposición de Antonio López de Santa Anna como presidente. La facción liberal, que incluía entre sus filas a figuras como Melchor Ocampo, Benito Juárez, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, Ponciano Arriaga y José María Iglesias, encabezaron la rebelión contra Santa Anna.

El levantamiento triunfó y depuso al presidente, al tiempo que lanzó la convocatoria para un nuevo Congreso Constituyente que elaboró la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.

La constitución definió a la nación bajo la forma de república democrática, representativa y popular. Entre otros aspectos definió la división de poderes, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la abolición de la esclavitud, las libertades de trabajo, de propiedad, de expresión de ideas, de imprenta, de portación de armas y de tránsito por el territorio.

En 1856, el gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri, anunció la unificación de Nuevo León y Coahuila para fortalecer militarmente la región contra amenazas externas e internas. A pesar de la oposición del gobierno federal, el Congreso Constituyente confirmó esta unión en la Constitución de 1857. Posteriormente, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y Coahuila, jurada el 4 de octubre de 1857, oficializó esta unión.

Los conflictos entre el presidente Juárez y Vidaurri ocurridos durante la invasión francesa, interrumpieron las actividades de la legislatura estatal y eventualmente Vidaurri asumió el poder absoluto de la región. En 1864, el presidente decretó la separación de los estados y destituyó al gobernador.

Después del fracaso del imperio de Maximiliano, el congreso de Nuevo León reanudó sus sesiones y en 1874 se emitió una nueva constitución que eliminó las referencias a Coahuila.

La constitución federal de 1917 representó el restablecimiento del Estado de Derecho que había sido violentado por el golpe de estado militar de Victoriano Huerta contra la presidencia de Francisco I. Madero. Por su parte, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León del mismo año, recopiló los postulados nacionales adecuándolos a su entorno.

Sin embargo, el Congreso Constituyente nacional, encabezado por Venustiano Carranza, no tomó en cuenta los postulados de las diferentes facciones revolucionarias que pugnaban por un proyecto de nación que hiciera justicia a los grupos más desprotegidos: campesinos, obreros e indígenas.

Las mujeres también quedaron fuera de las discusiones del constituyente.

Aunque en México, a principios del siglo XX, las mujeres encabezaron el primer movimiento feminista que exigía el derecho al sufragio, la Constitución de 1917 no les otorgó esa facultad, ni las reconoció como ciudadanas.

En 1928, se estableció en el Código Civil que las mujeres, al alcanzar la mayoría de edad (21 años), tendrían plena libertad de disponer de su persona y bienes, pudiendo celebrar contratos libremente, aunque seguían sin poder votar ni ser votadas.

Por una iniciativa del presidente Miguel Alemán, el 12 de febrero de 1947, se reformó el artículo 115 constitucional en el que se les concedía a las mujeres el derecho a votar en las elecciones municipales. Esta reforma cobró efectividad en Nuevo León, al participar las mujeres nuevoleonesas, mayores de 21 años, en los comicios municipales del 5 de diciembre de 1948.

El 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el artículo 34, que estableció los requisitos para la ciudadanía mexicana: ser mujer u hombre mayor de 18 años si eran casados, o 21 si no lo eran, y tener un modo honesto de vivir. Por primera vez se consideró a la mujer como ciudadana. En las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron a emitir su voto a las urnas para elegir diputados federales; tres años más tarde la mujer emitió su voto en una elección presidencial.

En las primeras décadas del siglo XX hubo numerosas huelgas en México, organizadas principalmente por obreros de los sectores textiles, tabacalero, minería, metalurgia, ferrocarriles y tranvías. Surgían debido a reducción de salarios, falta de pago, maltrato, aumento de jornada laboral, control de labores, multas y castigos injustos. La Carta Magna de 1917 estableció en el artículo 123 que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil” y en su fracción XVII que “Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros”.

Desde los inicios de la industrialización en Nuevo León, a finales del siglo XIX, los obreros regiomontanos reclamaron el cumplimiento de diversas demandas que, al expedirse la Constitución de 1917, dispusieron de una referencia política y jurídica para hacer efectivos sus reclamos de jornada máxima, salarios mínimos, pago del séptimo día, descanso obligatorio, derecho de huelga y sindicalización.

La consolidación industrial de Monterrey tuvo como pilares productos como el acero, la cerveza, el cemento y los textiles a los que se sumaron ramas como la automotriz, el tabaco y los productos químicos. La Constitución y la Ley Federal del Trabajo (1931) contemplaron los riesgos profesionales y la prevención e indemnización de accidentes laborales, en mejora de las condiciones de trabajo en las industrias y el incremento de la producción.

En el marco de los festejos de la celebración de las fiestas del Centenario de la Independencia de México, el ciudadano Arnulfo Tamez Rodríguez, presidente de la Junta de Mejoras del Barrio San Luisito, solicitó al Cabildo de la ciudad de Monterrey, a petición de los vecinos de la localidad, el cambio a Barrio de la Independencia. El día 12 de septiembre de 1910 se les concedió oficialmente la autorización para el cambio de nombre.

“La Colonia Independencia es un hito para todos los regiomontanos, un lugar que ha estado siempre, y está, en la memoria individual y colectiva. Y no podía ser de otra forma, porque la Independencia fue la primera urbanización que tuvo Monterrey fuera de su cuadro urbano tradicional, por eso se considera como la primera colonia establecida en nuestra ciudad”.

La base de arbotante fabricada por la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey constituye un valioso componente del patrimonio industrial y urbano. Este elemento no solo ofrece información documental sobre la historia de la colonia Independencia, sino que también rememora los tiempos pasados del antiguo Barrio de la Independencia y, aún más atrás, del querido Barrio San Luisito.

-Derecho a una vida libre de violencia, en especial aquella contra las mujeres motivada por su género, incluyendo la violencia política.

-Derecho a una educación de calidad y excelencia.

-Derecho a la protección de la salud física y mental.

-Derecho al desarrollo económico sustentable.

-Derecho a la movilidad y al transporte público seguro, accesible, digno y de alta cobertura.

-Derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua.

-Derecho a la convivencia pacífica y la seguridad.

-Derecho a la reducción de desigualdades y a la cultura y a espacios públicos de calidad.

-Derecho al acceso a la gestión pública a través del uso de tecnologías de la información y comunicación.

-Derecho a la búsqueda, identificación, reintegración en forma digna de las personas no localizadas o desaparecidas.

-Derecho de la niñez, con énfasis en la primera infancia, a un estado de bienestar físico, mental, emocional e inclusivo.

-Derecho a la protección del hábitat, patrimonio cultural, lugares de culto y demás elementos que constituyan la diversidad cultural e identidades.